La enseñanza pública llega a cada uno de los rincones de nuestro país, desde el centro de las ciudades a los barrios más apartados, desde los pueblos a las pedanías del ámbito rural. Los colegios e institutos públicos reciben a todos los niños y adolescentes españoles y extranjeros, sin selección previa, sin discriminación, sin prejuicios, y con el compromiso de proporcionarles una educación de calidad y una apertura de horizontes, garantizando la igualdad de oportunidades inherente al derecho constitucional a la educación.
Para ello, nuestros recursos nunca han sido holgados. Hasta ahora, cada centro educativo ha hecho lo que ha podido para atender las necesidades de un alumnado muy complejo, de procedencia diversa y con intereses muy distintos: no siempre hemos contado con suficientes profesores de apoyo para los alumnos con graves problemas de aprendizaje; no siempre han sido lo suficientemente reducidos los grupos de alumnos que necesitan refuerzo en algunas asignaturas ni todas las asignaturas han podido ser reforzadas; no siempre los profesores hemos impartido únicamente las materias para las que estamos acreditados como especialistas o, al menos, conocedores; no siempre se han cubierto las bajas por enfermedad y otros motivos de ausencia justificada de profesores y personal no docente; no siempre nuestros alumnos han contado con el espacio físico de separación entre ellos que se estima conveniente para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula; no todos los centros han contado con las instalaciones mínimas necesarias para realizar las actividades propias de un centro educativo ni esas instalaciones han estado adecuadamente equipadas; no siempre hemos desempeñado nuestra labor a una temperatura acorde con lo que se considera saludable... pero hemos hecho cuanto hemos podido y muchos buenos profesionales se han esforzado día a día para tratar de compensar, con mucha dedicación y poco reconocimiento, esas dificultades.
Mientras tanto, la administración educativa se preocupaba fundamentalmente por dos cosas: enviar a las escuelas una inagotable cantidad de ordenadores que las revistiese de modernidad y requerir del profesorado un sinfín de documentos de dudosa utilidad. Nos hemos adaptado, con mayor o menor convicción, a las nuevas tecnologías, y nos hemos sometido, con más resignación que agrado, al implacable aparato burocrático.
Ahora, los gobiernos estatal y autonómico han decidido dar un paso más en este despropósito y hacer pagar a la enseñanza pública las facturas de una crisis que no hemos provocado los trabajadores ni los usuarios del sistema educativo. Nuestros derechos, los de todos, se ven mermados: los de los trabajadores de la enseñanza con despidos, recortes salariales, aumento de trabajo no remunerado, precariedad en nuestras condiciones laborales, imposibilidad de ofrecer lo mejor de nosotros mismos a aquellos a quienes no queremos ver perjudicados con nuestras reivindicaciones o acciones legítimas de protesta; los derechos de los alumnos con el deterioro progresivo de la enseñanza que han de recibir: más alumnos por clase, menos programas de apoyo y refuerzo, más horas perdidas por la ausencia de profesores que no serán sustituidos, menos inversión en educación y ciencia, menos oferta educativa en las etapas de enseñanza no obligatoria, menos posibilidades de continuar sus estudios en la formación profesional si no tienen recursos para desplazarse o residir en otras localidades, menores oportunidades para acceder a la universidad y continuar en ella si no pueden afrontar económicamente las desorbitadas tasas de matriculación; los derechos de los padres y madres que verán truncadas las expectativas de futuro de sus hijos desde edades muy tempranas.
Para frenar este atropello que amenaza decididamente con materializarse en funestas realidades, la comunidad educativa está reaccionando y ha emprendido una lucha para situar a la enseñanza pública en el eje de las prioridades políticas, sociales y familiares. Es muy difícil parar a un monstruo tan bien alimentado, necesitamos tiempo que no tenemos, serenidad, coherencia, valentía y perseverancia. Necesitamos mucho apoyo, no es suficiente el que mutuamente podamos brindarnos trabajadores de la enseñanza, alumnado, madres y padres. Necesitamos el apoyo del pueblo de Vejer y éste es el primer acto con el que nos hacemos visibles. Esta pancarta es un símbolo irrenunciable de nuestra lucha en defensa de la enseñanza pública.
IES La Janda, Vejer de la Frontera.
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