Artículo del compañero Eduardo García (Marea Verde Málaga), publicado en kaosenlared. Merece la pena su lectura para empezar a plantearnos una HUELGA INDEFINIDA EN EDUCACIÓN.
En 1988 una huelga del profesorado de varias semanas, intermitente y
progresiva, provocó la dimisión de José María Maravall. Así paramos
los proyectos de reformas mucho más neoliberales de lo que finalmente
fue la LOGSE.
Ahora debemos (¡y podemos!) echar a
Wert y así parar la LOMCE (incluso si se aprueba), las medidas
relativas a las tasas y las becas, el deterioro de las condiciones de
trabajo en los centros, los despidos, las privatizaciones...
La estrategia de lucha por la educación pública tras el 24 de Octubre
La huelga general educativa y las manifestaciones del
día 24 de Octubre han sido un éxito. ¿Y ahora qué? Aunque la
demostración de fuerza en la calle sigue siendo muy superior al
seguimiento de la huelga en los centros, éste ha sido sensiblemente
superior a convocatorias anteriores. No obstante, la estrategia de lucha
de la Plataforma en defensa de la Educación
Pública –huelga general de un día con manifestación masiva por la
tarde, sostenida y apoyada en las huelgas convocadas por el Sindicato de
Estudiantes-, está resultando claramente insuficiente para conseguir
los objetivos: detener los recortes y parar la reforma del ministro
Wert. Esto es más claro, si cabe, después de la experiencia de la huelga
indefinida del profesorado de Baleares: es perfectamente posible una
movilización amplia, masiva y sostenida en el tiempo a condición de que
cuente con apoyos y alianzas construidas desde abajo, desde los centros
educativos; convocatorias debatidas y construidas desde abajo están
demostrando que tienen una capacidad de movilización mucho mayor. Esa es
la apuesta de Marea Verde en Andalucía
como movimiento asambleario de toda la “comunidad educativa”. La
estrategia de la Plataforma ha cumplido ya su función y es hora de dar
un paso adelante en la senda marcada por Baleares.
Las asambleas celebradas en Andalucía
el pasado 24 de Octubre y las que tendrán lugar en los próximos días y
las próximas semanas, promovidas desde los colectivos de Marea Verde,
están sirviendo para plantear con más urgencia que nunca la necesidad de
un plan de acciones sostenidas en el tiempo y apoyadas por una mayoría
social amplia. Para que ello sea posible, este plan de acciones no puede
componerse de acciones puntuales convocadas desde arriba, sino que
debe ser el resultado de un proceso que implique a todos los centros
educativos. Una vez más tomamos como referente el caso de Baleares.
Estas asambleas han servido para poner en la agenda medidas propuestas
como el bloqueo administrativo de la 1ª evaluación utilizando como
instrumento la huelga (táctica ya probada con relativo éxito contra las
Pruebas de Diagnostico) y la huelga indefinida (sostenida en una caja de
resistencia solidaria). Pero un plan así no tendrá mucho futuro si no
es compartido por otras comunidades autónomas. El caso de Baleares ha
mostrado, como ya lo mostró la Marea Verde de Madrid en 2011, que el
aislamiento del conflicto en cada comunidad educativa con su gobierno
autónomo debe ser superado. El caso de Baleares nos ha traído el
recuerdo de las huelgas del 87 y 88, con la diferencia de que éstas
fueron de todo el Estado
¡Cuidado!: la oposición parlamentaria necesita la LOMCE.
Es posible que la LOMCE no tuviera hace unos meses
la capacidad que tiene ahora para movilizar a la gente contra ella. Pero
ya es quizás demasiado tarde y además ha dejado a los recortes, las
becas, las tasas, etc..., en un segundo plano. Ahora bien, esta mayor
movilización contra la LOMCE no está exenta de sombras y tiene unas
claras limitaciones a corto y medio plazo.
La inminente aprobación de la LOMCE una vez que ha
pasado su primer trámite en el Congreso de los Diputados sin que las
críticas y las movilizaciones sociales hayan dejado huella en su
redacción -¡todo lo contrario!- nos sitúa en una coyuntura difícil.
Aparte del desaliento que puede generar el que las
protestas contra la reforma Wert no hayan servido para nada (salvo
quizás para retrasar unos meses su aprobación), hay otro peligro: quedar
atrapados en la dinámica de la oposición parlamentaria,
la politización en el peor sentido del término. Desde los bancos de la
oposición ya se ha oído la antiquísima canción: no la aplicaremos, la
aplicaremos lo menos posible y, para variar, la derogaremos cuando
volvamos al gobierno. Una ley educativa vuelve a ser otra vez la
estrella de la vida parlamentaria española.
En Andalucía, el nuevo Consejero de Educación, Don Luciano Alonso, ha vuelto a montar la misma mascarada propagandística que su predecesora convocando a todos los sectores educativos “con objeto de analizar las últimas modificaciones del contenido y el estado de tramitación de la LOMCE” . Lo ha hecho -¡qué casualidad!-dos días antes de la huelga general educativa… Haciendo oídos sordos a la oferta de Marea Verde
de elaborar una alternativa desde los centros con la participación de
toda la comunidad educativa, ya su predecesora hizo lo propio: , reunió el 4 de Julio a sus “más de 500 expertos” . Don Luciano no sabe nada de este famoso “plan B” que Mar Moreno debía presentar en Otoño.
Llama la atención que hagan esto “contra la LOMCE” y no contra los recortes cuya aplicación en Andalucía
( con la impasible colaboración de IU) justifican como imposición del
Gobierno Central del PP. ¿Es que la LOMCE, cuando se apruebe, no vendrá
también de Madrid? ¿Por qué se revuelven contra la LOMCE y no contra los
recortes?
En efecto, con la LOMCE se reabre un terreno en el
que la socialdemocracia (y la izquierda moderada con presencia en el
parlamento e incluso en algún gobierno autonómico: IU en Andalucía) se encuentran como pez en el agua: la discriminación de género, la religión en las aulas, la educación
en valores, la igualdad de oportunidades,…temas todos importantes pero
que han demostrado ser perfectamente compatibles con la
mercantilización y privatización de la enseñanza y, por supuesto, con la
función de la escuela (capitalista) en la reproducción de las
desigualdades de clase. ¡Con cuanta frecuencia se deja de lado este
hecho evidente!. Lo único de lo que puede vanagloriarse -¡y bien que lo
hace!- la socialdemocracia es de la “democratización de la enseñanza”
reducida a la “escuela pública… para tod@s”, la educación de masas. Esta extensión del derecho a la educación
es utilizada como coartada, pero ni la igualdad de oportunidades ni la
“enseñanza comprensiva” han hecho la menor mella en las desigualdades de
clase y las discriminaciones sociales, sino que se han limitado a
modificar su estructura, de acuerdo con los intereses y las necesidades
económicas, políticas e ideológicas de las clases dominantes. Sin
necesidad de que llegue la LOMCE, el acceso a la enseñanza universitaria
de los jóvenes procedentes de los sectores sociales con menor estatus
sociolaboral y salarial, sigue siendo escandalosamente bajo. Es en esos
mismos sectores donde se concentra la mayoría de jóvenes que no titulan
en ESO y Bachillerato, constituyendo también la clientela mayoritaria de
la FP. Es asimismo en esos sectores “populares” y en los estratos de la
pequeña burguesía asalariada más abocados a la proletarización –en la
que se incluye mayoritariamente el profesorado-, donde se están haciendo
sentir con mayor rigor la devaluación de los títulos escolares y
universitarios, la depreciación del capital escolar conseguido tras
largos años de estancia exitosa en la escuela. Y es, finalmente, también
en esos sectores donde los recortes, la política de becas y tasas, etc,
está teniendo ya mayor y más negativa incidencia a través de la
degradación de los centros públicos.
Son muchas las energías que muchos de nosotros hemos
“invertido” intentando hacer de la escuela pública una institución
igualitaria. Pero no podemos olvidar que no depende de nuestra
voluntariosa entrega a las causas justas, de nuestra solidaridad y
compromiso personal con los sectores más necesitados y desfavorecidos.
Hay algo que nos sobrepasa, es estructural y contra la que no podemos
actuar exclusivamente a través de nuestra práctica docente y valiéndonos
exclusivamente de nuestra, por otra parte imprescindible, entrega
profesional individual. Ese algo es que la escuela pública actual es una escuela capitalista. No es de tod@s>.
Sabemos por experiencia – de cuando la LOCE y la LOE-
que no hay diferencias sustanciales entre las políticas educativas de
los dos grandes partidos de gobierno. Como no la hay entre las políticas
económicas de las que dependen aquellas otras. Pero también sabemos que
las diferencias adjetivas y los matices discursivos son importantes
ideológicamente: permiten mantener la ilusión de la democracia, la
apariencia de que el ciudadano-votante puede elegir entre dos opciones.
Las leyes educativas, debido a la importancia central del aparato
educativo en la vida de la gente, son desde siempre los objetos
predilectos de la “confrontación parlamentaria” y el “debate político” y
son una pieza esencial en la labor ideológica del aparato mediático.
En una coyuntura como la actual, tanto la oposición
parlamentaria como los gobiernos autónomos de un color distinto al de
gobierno central, necesitan de la LOMCE, la continuidad del juego “democrático” necesita la LOMCE.
Más allá de la LOMCE
Mientras la LOMCE centra la atención mediática,
“política” y “sindical”, los recortes, en apenas dos cursos, se están
consolidando y llevan camino de convertirse en algo normal. No es poco
lo que se ha recortado: 6.400 millones de euros, que han supuesto 22.686
profesores despedidos mientras que el alumnado aumentó en 191.486…
desde 2010. Esto solo en educación (más datos aquí)
Para evitar entrar en el laberinto del “juego
democrático” y no caer en esta trampa política, quizás nada mejor que
reflexionar sobre hasta qué punto la lucha contra la LOMCE nos permite
algo más que (la falsa esperanza de) dirimir los asuntos en el
parlamento y las elecciones. La escasa incidencia real de las protestas
de los últimos meses, de la estrategia seguida por los grandes
sindicatos, al frente de la Plataforma Estatal en defensa de la Educación
Pública, traducibles como mucho en un retraso de la tramitación que
acerca la aprobación a las próximas elecciones…, es algo que nos debe
preocupar pues es la mejor salida para que el conflicto quede lejos de
nuestro alcance y circunscrito al ámbito parlamentario.
Frente a esto hay que plantearse una vez más la urgente necesidad de hacer política….desde abajo.
Para empezar hay que tener en cuenta la posición real
y efectiva de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, pero
muy especialmente de los diferentes sectores del profesorado, en
relación con la LOMCE en particular o, en general, respecto al tema
“legislación educativa y su enésima reforma”….En general, sabemos que
las protestas que tienen como objeto reformas legislativas carecen de
poder movilizador y especialmente en los sectores sociales más
afectados.. Es más que dudoso que la LOMCE pueda ser objeto de, por
ejemplo, una huelga indefinida del profesorado, ya que no es el sector
más directamente afectado por ella. En gran parte y precisamente, para
mayor desgracia, por su carácter político-parlamentario, el profesorado
esperará a ver qué pasa, desencantado por los continuos cambios
legislativos….
Por ello, ahora que la LOMCE va ser una realidad y
empezará el proceso de su aplicación hay que evitar caer en ese lodazal
donde no tenemos casi nada que ganar pero mucho que perder. Es el
profesorado quien tiene que tomar la iniciativa. Está más que demostrado
que solo así se activa la “comunidad educativa” ¿Por qué en Andalucía y otras comunidades iba a ser distinto que en Baleares o Madrid? Las imágenes que nos llegan de la jornada del 24 O en Cádiz son son esperanzadoras.
El esfuerzo de análisis, de debate y de lucha debe centrarse más que nunca en la unidad que forman la política de recortes y la reforma educativa. En este bloque son los recortes los que se situarían en el centro de la protesta.
Esto quizás permita, dado que al fin y al cabo esto
es solo una pieza en el amplio proyecto reformista que afecta también a
muchos otros ámbitos (sanidad, pensiones, administración local,
relaciones laborales, derechos y libertades públicas, penalidad, orden
público,…), situar la política educativa –recortes/ reforma: una
combinación letal- en el contexto político general abierto por la
reforma de la Constitución de Agosto de 2012, la Ley de Estabilidad
presupuestaria, los rescates financieros….
El único horizonte, si no caemos en la trampa, es articular el futuro de la educación
con la necesidad de una auditoria de la deuda, llegado el caso su
impago, y con la soberanía popular y la democracia frente a la
oligarquía que maneja los hilos del Estado.
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