La Delegación de Educación sigue recortando en la escuela pública: supresión de dos unidades en La Institución (Cádiz) y de otras tres unidades en en tres colegios públicos de San Fernando.

Como nos temíamos, después de que desde la Delegación de Educación procedieran al mantenimiento de todas las unidades concertadas en los colegios privados de San Fernando, deciden en el proceso de escolarización cerrar tres unidades en centros públicos, tres unidades que se suman a las seiscientas que se han suprimido en la provincia de Cádiz en los últimos cuatro años. Suma y sigue. Y todo esto después de que el Delegado de Educación Juan Luis Belizón hay declarado ante los medios, y ya en varias ocasiones, que el objetivo que persigue es mantener las unidades de la escuela pública" (http://www.diariodecadiz.es/cadiz/objetivo-mantener-unidades-escuela-publica_0_953305317.html)


No es ninguna sorpresa conocer que han quedado 270 vacantes sin cubrir en los distintos centros educativos isleños; en marzo de 2017 se ofertaron 1100 plazas para Infantil de 3 años aun habiendo solo 830 niños en edad de escolarización. La oferta que se ha hecho para este curso escolar es más elevada que la del curso pasado, a pesar de haber menos niños en edad de escolarización... Ofertar tantas unidades para la limitada oferta que hay es invitar a los centros educativos a una lucha por llenar los pupitres.


La decisión de la Delegación de Educación ha sido recortar unidades en los colegios que no han tenido tantas solicitudes como para llenar la segunda unidad, y casualmente esto ha ocurrido, entre otros, en el CEIP Vicente Tofiño. Este criterio a la hora de suprimir unidades nos llama especialmente la atención después de que en el curso pasado procedieran a cerrar la Escuela Infantil Nuestra Señora del Carmen, escuela infantil pública que contaba con tres líneas de Infantil (3,4 y 5 años) y muchísima demanda, y cuyas líneas se suprimieron pese a esa enorme demanda, y se distribuyeran dos de las tres líneas entre otros colegios, entre ellos precisamente el CEIP Vicente Tofiño. Recortaron entonces, y siguen recortando ahora, y no depende solo de la demanda. Año tras año observamos cómo los recortes en educación solo están afectando a la escuela pública. Como venimos denunciando desde Marea Verde Cádiz, ya son más de 600 unidades suprimidas el curso pasado en la comunidad andaluza, y para el próximo curso escolar ya han anunciado el cierre de estas tres unidades en la ciudad de San Fernando, y tres unidades en el colegio La Institución de Cádiz, que habría que sumar al resto de localidades de la provincia, mientras se mantiene el número de unidades concertadas en la provincia (solo han suprimido una unidad concertada en el San Vicente de Paúl, Cádiz, y han hecho una mixta en Conil). El mantenimiento de estas unidades concertadas supone un despilfarro económico al no dar uso a las instalaciones de los centros públicos existentes.


Desde Marea Verde Cádiz pedimos al Delegado una auténtica defensa de la escuela pública, que no se suprima NI UNA UNIDAD MÁS EN LA ESCUELA PÚBLICA, y apoyaremos las acciones reivindicativas llevadas a cabo por la comunidad educativa de La Institución, (un encierro en el centro educativo en los próximos días), así como la jornada de convivencia de la escuela pública gaditana: la celebración de un Juanillo Verde, que se celebrará la tarde del 23 de junio en Plaza España, Cádiz.

20 de noviembre: DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Y mientras en Cádiz niños y niñas sin monitor de educación especial.

En una fecha tan significativa como hoy, jueves 20 de noviembre, en la que se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño, desde el colectivo MAREA VERDE, queremos llamar la atención sobre la vulneración de dichos derechos, que están padeciendo varios alumnos y alumnas de la provincia de Cádiz con NEE (Necesidades educativas específicas) provocado por la falta de monitores de educación especial en centros educativos públicos, dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. Ejemplo de ello son los siguientes centros:  CEIP Celestino Mutis de Cádiz, el CEIP Ntra Sra de la Oliva de Vejer, el CEIP Torrecera y CEIP Barca de la Florida de Jerez de la Frontera, CEIP Huerta Fava de la Línea de la Concepción, CEIP La Atlántida de Chiclana, IES Casas Viejas de Benalup, CEIP Constitución, IES Isla de León y La Bahía de San Fernando.

Casualmente este año se cumple el 25° aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y adoptada por más de 180 países de distintas partes del mundo. La Convención consagra todos los derechos inherentes a todos los niños, niñas y adolescentes, y funciona como guía para los países que asumieron el compromiso de ratificarla por ley. En este sentido España firma y ratifica dicho tratado, en base a lo expuesto en nuestra Constitución de 1978, Cap. III art. 93, 94 y 95.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), celebrada en 1989, en su Artículo 2 se refiere ampliamente a la no discriminación:

“Todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños, sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para protegerle de toda discriminación”.

Es el primer tratado internacional que incluye una referencia específica a la protección de los menores con discapacidad, siendo este punto el que consideramos como más gravemente vulnerado, en el caso de desatención ocasionado por la falta de monitores/as, concretamente el Artículo 23, consagrado por completo a este asunto:

“Los niños mental o físicamente impedidos tienen derecho a recibir cuidados, educación y adiestramiento especiales, destinados a lograr su autosuficiencia e integración activa en la sociedad”.

Desde el inicio de este curso, estos alumnos con diferentes grados de discapacidad y NEE que precisan del acompañamiento de un/a monitor/a de educación especial, solo ven cubierta esta necesidad de manera parcial, con el grave perjuicio para el rendimiento académico, integración, socialización o estabilidad psicológica y emocional de los propios menores. Asimismo esta situación perjudica gravemente a las familias, ya que las madres se ven obligadas a permanecer en el centro durante el horario lectivo para atender a sus hijos en la manera de sus posibilidades.

Consideramos llamativo, como en un día, que se consagra a nivel mundial a la celebración de dicha Convención, que dio lugar a un Tratado asumido por la mayoría de países democráticos para garantizar los derechos de los menores, aquí en nuestra Comunidad Autónoma, el Defensor del Pueblo Andaluz haya admitido a trámite en estos días, una queja presentada en relación a la vulneración de estos derechos, en el caso que denunciamos. Dicha queja se encuentra en estos momentos en fase de estudio y esperamos que se obligue a las administraciones responsables a cumplir estos derechos elementales, que se ven aquí, recortados gravemente, como el acceso a una educación pública inclusiva, integradora y basada en la igualdad de oportunidades para tod@s, que no debe situar a ningún alumn@ en situaciones especiales o discriminatorias, ni perjudicar su desarrollo.

Existen numerosos casos de discriminación causados por una discapacidad: estos obstáculos son numerosos y pueden ser de tipo físico (barreras arquitectónicas); obstáculos que simplemente radican en la intolerancia o de tipo institucional (falta de personal cualificado, como por ejemplo los intérpretes de lengua de signos o monitores de educación especial) como es el caso que nos atañe.

Defenderemos este derecho de los alumnos ante las administraciones responsables y a pie de calle con todos los medios a nuestro alcance. De la misma forma seguimos reiterando nuestro total apoyo a las familias afectadas y sus hijos/as.

DENUNCIAN LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA HUELGA DURANTE LAS PRUEBAS ESCALA

Marea Verde y los sindicatos USTEA y CGT emprenderán medidas para depurar responsabilidades

(Artículo publicado por Diario de Cádiz, escrito por Beatriz Estévez)

 

El colectivo Marea Verde y los sindicatos USTEA y CGT, convocantes de los paros parciales para los pasados días 20 y 21 con motivo de la aplicación de las pruebas de evaluación Escala al alumnado de segundo de Primaria, denuncian la vulneración del derecho a huelga de trabajadores de la enseñanza por parte de la Consejería de Educación y de los equipos directivos de varios centros. Y asimismo, denuncian también la vulneración de los derechos de las familias ante la realización de estas pruebas. Es por ello que anuncian que emprenderán las acciones oportunas -incluso legales si así lo estiman- con el fin de depurar responsabilidades.

Marea Verde Cádiz ha informado de algunas de las incidencias que se han registrado estos dos días. Como ejemplos: 15 progenitores con hijos en el colegio Camposoto, de San Fernando, presentaron en el centro un documento de objeción de conciencia, pero el equipo directivo les transmitió que los menores estaban obligados a hacer la prueba. Finalmente, 11 de los escolares no acudieron al colegio a primera hora. Y en el centro La Florida, de El Puerto, sustituyeron al docente que se acogió a la huelga. En este centro un grupo de padres y madres también optó por no llevar a sus hijos a primera hora para evitar el procedimiento.

"Consideramos que es un atropello al derecho de las familias a participar en la educación de sus hijos, recogido en el Decreto 328/2010, de 13 de julio, que en su Título III, artículo único, capítulo 3 establece que las familias tienen derecho a Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas". En este sentido, el colectivo resalta que "muchos centros han violado este derecho en virtud a las instrucciones de 16 de abril de 2014, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por las que se concretan determinados aspectos relacionados con la realización de la prueba de evaluación Escala, que en su apartado séptimo establece: No es motivo de exención que la madre, el padre o representantes legales presenten un escrito eximiendo a su hija o hijo de la realización de la prueba, ya que se trata de una actividad curricular regulada por una Orden de obligado cumplimiento". 

 

Por su parte, USTEA Cádiz ha mostrado una circular interna con fecha de 16 de mayo de 2014 y firmado por la secretaria general de Educación de la Junta de Andalucía, Elia Rosa Maldonado Maldonado, en la que "conmina a las direcciones de los centros a vulnerar el derecho a huelga de los trabajadores de la enseñanza". En dicho documento, al que ha tenido acceso este medio, no sólo se hace mención a ese párrafo mencionado anteriormente y extraído del apartado séptimo de las instrucciones de 16 de abril de 2014 de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa; también se dan instrucciones ante los posibles paros del profesorado. Se lee: "El equipo directivo (...) designará a las personas que realizarán la aplicación de la prueba, debiendo así mismo prever su suplencia por si fuera necesaria. La designación que el equipo directivo prevea de dichos suplentes, tal y como se desprende de la disposición 7.4, está abierta a cualquier maestra o maestro del centro".

Ante esto, USTEA denuncia que designar a un suplente para aplicar la prueba en caso de huelga es "un claro ejemplo de esquirolaje, ya que el motivo de la huelga es precisamente evitar la realización de las pruebas Escala". Asimismo, CGT expone que la sustitución del profesorado huelguista "ha desactivado la protesta y permite denunciar maniobras antihuelga evocadoras de rancios tiempos dictatoriales".