Los dictámenes
técnicos que establecen cuándo un niño/a necesita un monitor para
estar integrado en un centro de enseñanza los realizan los
orientadores en marzo con vistas al curso siguiente. Sin embargo,
este septiembre empezaron sin su monitor correspondiente 20 niños en
la provincia de Cádiz y otros tantos en Andalucía. Algunos llevan
meses sin escolarizar porque al carecer de esa monitorización no
están en condiciones de asistir al colegio. Otros han sufrido
distintas limitaciones en su derecho a la igualdad de oportunidades
educativas: no poder realizar actividades extraescolares ni salir del
centro, no estar suficientemente supervisados en los recreos o en
asignaturas donde necesitan ayuda… Cuando se ha tratado de niños
con especiales problemas de conducta sus compañeros han sufrido
también esa falta de seguridad.
Sin embargo,
después de contratar de forma tardía a cuatro monitores más en
nuestra provincia, desde la Consejería de Educación hay una
negativa rotunda a realizar más contrataciones, a pesar de los
informes técnicos que inciden en su necesidad y de las reclamaciones
de las familias, que han llegado a la prensa y a la televisión. La
solución que se está articulando desde la administración pasa por
retirar diariamente a un monitor varias horas de su centro para que
itinere a otra escuela. En algunos casos es una medida razonable de
eficiencia en el uso de recursos, pero en otros deja a los alumnos/as
a medio atender y a los profesionales de la educación, como siempre,
sobrecargados, intentando suplir con buena voluntad la falta de
medios.
Los
problemas aparecen así resueltos sobre el papel, pero no en el día
de día de tantos chicos/as que intentan recibir sus clases con la
mayor normalidad posible. Creemos que no es justo que se les pongan
más obstáculos de los que ya les impone su discapacidad, y que la
Consejería debe decidir si realmente apuesta por un modelo de
integración digna.
